UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA – CARTA # 1 AL MINISTRO GENERAL JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO

ABOGADOS FRANCISCO VELASCO Y PAULA GONZÁLEZ 003

ABOGADOS FRANCISCO VELASCO Y PAULA GONZÁLEZ

ABOGADO FRANCISCO JAVIER VELASCO VÉLEZ

ABOGADO FRANCISCO JAVIER VELASCO VÉLEZ

ABOGADO.FRANCISCO.VELASCO.Campus.1.usbCali_LA UMBRÍA.001

ABOGADO.FRANCISCO.VELASCO.FISCALIA PRECLUYÓ INVESTIGACIÓN EN USB CALI. MAYO 19 DE 2011

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA – UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA – USB CALI – ORDO FRATRUM MINORUM – ORDEN FRANCISCANA – JOSE RODRIGUEZ CARBALLO – CARTA # 1 AL MINISTRO GENERAL JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO

Santiago de Cali, sabado 14 de febrero de 2009.

M. R. P. Fray José Rodríguez Carballo

General de la Orden Franciscana de los Hermanos Menores.

Capítulo General

 
Apreciado Padre General:
Han pasado ya cuatro (4) largos años desde que sus hermanos de Colombia cometieron uno de los más graves errores de que haya noticia en la historia de la educación superior colombiana.
Es algo terrible para su mandato ―pues va ha quedar esa huella y esa mancha para siempre— al fin y al cabo ellos estaban bajo su mando  ¿no es así?  ―y es por ello que la   historia que no perdona, le va a pasar a usted tarde que temprano la factura, en especial cuando la persona ha ocupado altísimas dignidades  —como ha sido su caso.
Con humildad cristiana, y tratando de ser lo más objetivo posible, lo invito a estudiar los documentos que me he permitido coleccionar, que se encuentran dentro del Álbum [Universidad de San Buenaventura, Seccional de Cali_71], allí usted podrá observar, que sus hermanos (el R. P. Francisco Leonardo Gómez Vergez y otros) cometieron un delito (artículo 425 del Código Penal Colombiano), pues intervinieron la fundación Universidad de San Buenaventura de Cali, sin estar autorizados para ello por la constitución y las leyes de Colombia (ley 30 de 1992 y sus decretos reglamentarios).
Independientemente de que las personas que trabajaban en la Universidad hubieran aparentemente cometido alguna falta —que hasta ahora eso no ha sido probado por ninguna autoridad de la República de Colombia―  sus citados hermanos, no podían intervenir la fundación, ya que ello sólo lo puede hacer el Señor Presidente de la República de Colombia, Dr. Álvaro Uribe Vélez, quien es el único que esta facultado para ello por la constitución y las leyes de Colombia.
La prueba de la  —burda e ilegal intervención―  la tengo yo en mi poder  —y es irrefutable―  por que emana directamente de la demandada Universidad de San Buenaventura, Seccional de Cali, pues fue directamente   —aportada inexplicablemente―   porFERNANDO LONDOÑO HURTADO apoderado judicial de la Universidad al contestar la demanda Laboral que yo instaure contra ella y que quedo inicialmente en el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali, caso № 76-001-3105-005-2005-00185-00.
Se trata nada menos —de las actas que el R. P. Fray Francisco Leonardo Gómez Vergez y otros elaboraron―  cuando intervinieron burda e ilegalmente la Universidad. Pero no sólo eso —éstas se encuentran autenticadas ante notario. Es decir que las actas constituyen una confesión plena e irrefutable, pues descansan dentro de un documento  —considerado público―  por aquello de la autenticidad y de la presentación hecha por parte de ella y no de otro al proceso, en donde se deja constancia de los atropellos que cometieron sus hermanos y dependientes. Es inexplicable la ignorancia supina de estas autoridades que no lograron ejecutar ―un solo acto sin mancha. En ellas se evidencia de manera expresa que el R. P. Provincial Fray Francisco Leonardo Gómez Vergez y otros intervinieron la Fundación.
Si bien es cierto que la Comunidad Franciscana de la Santa fe de Colombia, fundó la Universidad, ella por mandato constitucional y legal  —no es su dueña―  es decir la Comunidad Franciscana de la Santa fe de Colombia —no detenta el Derecho de Propiedad o Dominio de la Fundación― ésta pertenece, por mandato constitucional y legal a la Sociedad Colombiana, es por ello, que la fundación  no paga el impuesto de renta (imagínese padre general  los impuestos que tendría que pagar una institución que como la de Cali, llegó a generar treinta mil millones de pesos en sólo un año, pues el impuesto que tendría que haber pagado en ese caso era del 35%, o sea, la suma de diez mil millones de pesos, y sólo por ese año, que estoy usando como ejemplo), por eso la vigila y controla el Señor Presidente de la República y ello lo hace por intermedio del MEN-Ministerio de Educación Nacional de Colombia, quien asigna al ICFES, para adelantar dicha tarea.
La nueva constitución de Colombia de 1991, prácticamente derogó implícitamente, tácitamente, el Concordato celebrado entre la Santa Sede y la República de Colombia, por lo que el —Derecho Canónico―  no opera en este caso.
Es decir, sus hermanos cometieron un grave delito por el que tarde que temprano serán —investigados, juzgados y condenados― por las autoridades de Colombia.
Ellos lamentablemente fueron burdamente asesorados  —por abogados incompetentes e ignorantes―  y conducidos por estos, atropellaron sin misericordia a las autoridades legítimamente establecidas por el gobierno de la Universidad, conforme a los estatutos y reglamentos vigentes. Al punto de que a los trabajadores no les quedo más que fundar un sindicato, cuando en treinta y cinco (35) años de historia de la Universidad, esta funcionó sin uno. El problema fue de tal magnitud, que dentro del período comprendido entre septiembre de 2004 y agosto de 2005, la Universidad tuvo cuatro (4) Rectores: Reverendos Padres Uribe, Peña, Ramos y Castillo.
Yo, después de haberlos enriquecido considerablemente, al lado del R. P. Fray Luis Javier Uribe Muñoz, Rector Magnífico, Rector de Rectores ―durante catorce (14) años, tres (3) meses y veinticinco (25) días—  fui burda e ilegalmente despedido, período de tiempo éste que corresponde a la última actividad que realice en esa amada alma máter  ―recordemos que ella no tiene la culpa, que unas personas que eran ajenas a la Universidad, le hayan ocasionado tanto daño—  si, así como lo oye M. R. P. General, fui despedido de manera burda, humillante e ilegal.
Antes había sido profesor de la facultad de derecho por varios años, hice parte de las personas que iniciaron el Consultorio Jurídico en 1974, funde el consultorio Jurídico del Panóptico de Villanueva hoy Vista Hermosa (la Cárcel Municipal de Santiago de Cali), y en 1971, con un grupo excelso de líderes universitarios, funde el primer Periódico de la Universidad “PROYECCIONES”.
He sido condecorado por la Universidad en tres (3) ocasiones, detento igual que usted, la Excelencia Bonaventuriana, en su grado mayor  —CATEGORÍA GRAN DISTINCIÓN.
Participe con todos mis compañeros de trabajo en la construcción de la Biblioteca Central, los dos (2) edificios del complejo el LAGO, los dos (2) edificios del complejo el CEDRO, en la reconstrucción y remodelación en un 80 % del edificio de Arquitectura  ―que tiene un área construida aproximadamente de  —6.000—  metros cuadrados. En la construcción de los cuatro (4) edificios del Parque Tecnológico de la Umbría.
En la colocación de los cimientos antisísmicos a todos los edificios antiguos.
Durante mi gestión tuve que comprar  a Carvajal S. A, más de setecientos (700) computadores. Participe en la colocación de los sistemas de pararrayos y de antenas parabólicas.
De una sola sala de proyecciones que teníamos en 1990  ―le construimos veintinueve (29) más, con todos los adelantos tecnológicos. Reparamos las instalaciones hidráulicas, sanitarias, telefónicas, y eléctricas que llevaban cuarenta (40) años sin mantenimiento estructural  ―fecha que corresponde a la construcción de los edificios antiguos—  pues nunca se les había dado un mantenimiento en forma.
Construimos un nuevo acueducto, y la gradería de la cancha de futbol —que es premio nacional de arquitectura―  logramos acreditar dos (2) programas el de Arquitectura que es uno de los mejores de Colombia, así como el de Ingeniería de Sistemas.

Me correspondió por orden del Rector Máximo, buscar un lote con agua, para montar allí los laboratorios y las granjas experimentales para la faculta de Ingeniería Agroindustrial, así como para realizar en él, los futuros experimentos en nanotecnología. Me demore buscando los terrenos más de dos (2) años. Usted comprenderá que encontrar un lote de esas dimensiones (cuarenta y ocho Hectáreas), que es prácticamente el doble del de la Umbría (26 Hectáreas), a un buen precio, es muy difícil y además debía tener agua y estar cerca de la Universidad.

Por fin encontramos un terreno de cuarenta y ocho (48) Hectáreas, a sólo 15 minutos en carro del Campus de la Umbría, con un frente de 100 metros sobre el rió cauca y otro frente de 200 metros sobre la carretera panamericana  —tenia siete (7) líos jurídicos y su dueño estaba al borde de la quiebra―  con un pull de abogados nombrados por el Rector Magnífico, solucionamos todos los lios y compramos el terreno por muy buen precio, más o menos ―mil millones de pesos—  lo que vale hoy un apartamento de 800 metros cuadrados en un sitio  ―uno A—  de la ciudad de Santa fe de Bogotá. Cuyo plano me he permitido aportar para una mayor comprensión de su parte.

Al despedirme como a un perro  —homo homini lupus―  sin formula de juicio y violando la constitución, la ley, el estatuto orgánico y el reglamento de trabajo de la Universidad  —ya que me sentenciaron abusivamente sin ser jueces y me condenaron a cuatro (4) penas―  razón por la cual inicie una acción de tutela contra la Universidad por violación del debido proceso  —que gane en segunda instancia―  y la sentencia fue debidamente confirmada por la Honorable Corte Constitucional de Colombia, el 13 de julio de 2006. Es decir que se trata de una caso cerrado, que hizo ya transito a cosa juzgada constitucional.

Le comentaba yo, que me condenaron sin ser  —jueces y sin tener ningún derecho para ello―  en razón a que obraron ilegalmente al intervenir la Universidad, ya que lo hacían  como  —Juez y Parte―  obviamente sin brindarme ninguna garantía de las que tenia derecho.

Su empleado (Francisco Velasco) se vino a enterar de los cargos  —segundos antes de su despido, en el parqueadero de la Universidad, por que ni siquiera lo dejaron ingresar al alma máter―  violando así la autonomía universitaria consagrada por la constitución a favor de la  —Universidad y sus miembros―  en su artículo 69 de la carta política, y violando por consecuencia el régimen de precedentes jurisprudencial colombiano, que demandaba para ese caso  —particular y concreto―  un juicio previo, es decir, dentro de la Universidad, de carácter administrativo y con audiencia de las autoridades educativas  ―previo al despido—  que las pruebas exhibidas dentro del proceso laboral y en la acción tutela, han demostrado —que no se dio.

Las penas a que fui sometido son las siguientes:

a)       LA <PERDIDA DEL EMPLEO>, y con ello la violación de su garantía a la ―conservación, continuidad, permanencia y estabilidad— de su labor, con fundamento en su «CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO, visible a folio 47 del expediente cuaderno principal». Recordemos que FRANCISCO JAVIER VELASCO VÉLEZ llevaba en este último cargo, <catorce (14) años, tres (3) meses y veinticinco (25) días>. Antes había sido, uno de los fundadores del primer periódico de la Universidad (1971), MONITOR del CONSULTORIO JURÍDICO (1.974-1975), Y PROFESOR DE LA CATEDRA DE DERECHO BANCARIO (1.981-1.984).

b)       El <DAÑO> ocasionado por la <RETENCIÓN ILEGAL DEL DINERO> de la <INDEMNIZACIÓN>, que le correspondía al <no existir una justa causa comprobada> para hacerlo. Al no haber señalado en la <carta de despido> la justa causa comprobada, conforme lo preceptúan <los numerales 10 y 11 del artículo 52> del reglamento interno de trabajo de la Universidad  de San Buenaventura, «ver folio 115, del expediente cuaderno principal»; el Orden Jurídico Colombiano, y el Régimen de Precedentes Jurisprudencial Colombiano, que es —criterio auxiliar―  en especial los fallos de tutela <T-301 de 1996> M. P. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ; <C-594 de 1997> M. P. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO; <C-299 de 1998> M. P. CARLOS GAVIRIA DÍAZ y <T-546 del 15 de mayo de 2000> SALA OCTAVA DE REVISIÓN, entre muchos más. Que de manera específica  se refieren a la obligación que tiene el empleador, de dar <oportunidad> al trabajador de defenderse al menos  —breve y sumariamente—  antes de despedirlo, cuando el empleador <va invocar o alegar> de manera unilateral <una justa causa o motivo> para dar por terminado el contrato de trabajo  —que obviamente conlleva, además de la <perdida del empleo>, la <retención de la indemnización>, el daño de <la hoja de vida>, y en algunos casos, como ocurre en el que nos ocupa, perjudica gravemente <mi proceso de jubilación> que estaba próximo, sin contar <los otros daños> colaterales graves por lo irreparables e irremediables―  con fundamento en la redacción ilegal e injusta de la carta de despido y en la omisión del parágrafo de la tantas veces citada norma  ―artículo 62 del código sustantivo del trabajo—  ya que es UN HECHO que en el caso laboral de FRANCISCO JAVIER VELASCO VÉLEZ  —VERSUS  LA U.S.B., ésta, no sólo le violó el debido proceso antes de despedirlo (contraviniendo todas esas normas y reglamentos), sino que  —se lo volvió de nuevo a violar―  al suscribir la carta de despido (pues allí, se le endilgó de manera genérica todo el artículo 62 del C. S. T.,o sea sus veintitrés causales, cuando sabido es, que las 8 últimas, sólo las puede invocar el trabajador), y allí en ese momento procesal se configuró además un claro <abuso del derecho, artículos 83 y 95 superior> y un <enriquecimiento sin causa, principio general del derecho, segundo inciso, artículo 230 superior> por parte de la  «FUNDACIÓN» UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, SECCIONAL DE CALI, y en contra de los derechos de FRANCISCO JAVIER VELASCO VÉLEZ e indirectamente de los derechos de sus hijos adolescentes SIMÓN VELASCO GONZÁLEZ Y FRANCISCO VELASCO GONZÁLEZ  ―al retener indebidamente el dinero de su indemnización—  pues se incurrió en un acto jurídico <carta de despido> flagrantemente ilícito, por falta o ausencia de causa o motivo y en un claro ―abuso de su posición dominante, artículo 13 superior—  peor aun, si sabemos hoy en día, que el despido fue ―ordenado por un tercero— ajeno a la Institución ―el padre Ministro Provincial—  conforme a lo dicho por el padre Hernán Elías Peña Quijano en su famosa carta de renuncia, visible a folios 542 a 551 del expediente cuaderno principal. Es lamentable ―es inaudito—  que una Institución, con tantos siglos de historia a sus espaldas, con tanta experiencia, con tantos conocimientos  ―con un número plural de facultades de derecho en Colombia—  haya cometido tamaña injusticia, haya provocado y ocasionado ―tan tremenda infamia.

Por eso  ―la sanción, la pena, el castigo—  debe ser ejemplar, por que se trata de una Institución que debe ser modelo de rectitud  ―de ética, de moral—  cosa que faltó de manera evidente en este caso. Donde por todas partes lo que salta a la vista es  ―el dolo. Sabidos son, los grandes errores, equivocaciones e injusticias que a través de la historia han cometido «algunos hombres de la Iglesia»  no olvidemos el juicio a Galileo (por el sólo hecho de haberse atrevido refutar a ARISTÓTELES —al  demostrar, que al ser el movimiento  relativo, el reposo absoluto no existe― quien había sido reducido e incorporado a la —teología y filosofía cristiana― por Santo Tomas)  ni olvidemos el juicio a Giordano Bruno —lo quemaron vivo― no obstante ser el hombre con mayor ilustración en la época del Renacimiento. Es que ―la ignorancia es atrevida—  y esa ignorancia y prepotencia ha ocasionado mucho daño, que son —tan graves y de tal repercusión―  que el PAPA mariano que ya nos dejó, no dudó, un solo instante, en pedir perdón por esas culpas y esos dolos  ―paz en su tumba

c)       El <DAÑO> ocasionado a su <HOJA DE VIDA> impoluta de <TREINTA (30AÑOS> de servicio a las empresas mencionadas en su hoja de vida, visible a folios 194 y 195 del expediente cuaderno principal; el <DAÑO> a su dignidad humana, honor, honra, buen nombre, imagen, reconocimiento, igualdad «debilidad manifiesta frente a una de las empresas más poderosas y pudientes de la Nación», salud, seguridad social, educación de sus <hijos adolescentes> y la falta de solidaridad con una persona que tanto les sirvió <los enriqueció considerablemente>, que no merecía el trato cruel a que fue sometido, todo esto como consecuencia de la violación del <PROCESO PREVIO>, que se le <DEBIÓ> adelantar conforme lo previsto por el ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO (ley 30 de 1992 y sus decretos reglamentarios), incluida la extensa y copiosa <JURISPRUDENCIA DE LAS ALTAS CORTES> que así lo exigen, no solo para un miembro de una institución de educación superior como era su caso, sino para cualquier <TRABAJADOR> cuando de causales aparentemente justas de terminación unilateral del CONTRATO DE TRABAJO se trata <derechos que se lesionan por lo menos durante el termino del juicio, hasta que la sentencia finalmente los reivindique, sin embargo otros daños son irreparables, por que de la calumnia y la injuria algo queda>  no olvidemos que el proceso  puede durar fácilmente cinco (5) años o más, <ENTRETANTO>, la «FUNDACIÓN» UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, Seccional de Cali, puede aguardar tranquilamente las resultas del proceso, <PERCIBIENDO LOS INTERESES> del dinero que <EN JUSTICIA Y EN EQUIDAD> le corresponde a FRANCISCO JAVIER  VELASCO VÉLEZ, mientras éste «EL DINERO» descansa en el <BANCO>, durmiendo el sueño de los justos.

Por el contrario FRANCISCO JAVIER VELASCO VÉLEZ por su lado  <DEBE MOVER CIELO Y TIERRA>  para sobrevivir como pueda, para poder afrontar la litis y aguardar que la JUSTICIA DE COLOMBIA decida lo que otro hizo por su voluntad y propia mano, cuando procedió ni mas ni menos que  —COMO LO ESTABLECE LA LEY DE LA SELVA―  como si no viviéramos en un —ESTADO SOCIAL DE DERECHO― y como sino existiera ―UN ORDEN JURÍDICO— que ―DEBEMOS— respetar, conforme lo preceptúa el artículo 4 superior. (Sana Crítica). 

Pues su <HOJA DE VIDA>, forjada a pulso por espacio de treinta (30) años, de manera honesta y responsable  <ES PUESTA EN ENTREDICHO POR UN ACTO INJUSTO> realizado de manera desleal, de modo abiertamente inconstitucional, e ilegal, no olvidemos que ―EL MISMO SUSCRIPTOR—  de la <CARTA DE DESPIDO>, el Padre HERNÁN ELÍAS PEÑA QUIJANO, en un acto de <contrición>  de consciencia de su propia culpa y amor por la verdad, un mes más tarde ―manifestó no saber los motivos por los cuales la firmó. 
d) El <DAÑO> ocasionado a su proceso de jubilación que     estaba  próximo. Amén del resto de daños colaterales. 
El <DEFINITORIO PROVINCIAL>, EL <CONSEJO MAXIMO>, EL <MINISTRO PROVINCIAL>, dentro de la ORDEN FRANCISCANA  y  teniendo en cuenta sus votos, pueden ejercer a plenitud su <VOLUNTARISMO FRANCISCANO>, que subyace en la <REGLA> y en las <CONSTITUCIONES GENERALES> y en los <ESTATUTOS GENERALES> de la ORDEN FRANCISCANA DE LOS FRAILES MENORES ―hermanos menores—  pero por ningún motivo pueden aplicársela a los <LAICOS, EMPLEADOS O TRABAJADORES> que de una u otra manera les prestan servicios, a quienes esas normas les son <INOPONIBLES>, y menos con mayor razón, dentro del <ALMA MATER> que goza de <AUTONOMIA CONSTITUCIONAL>, dentro de la cual <NADA DE ESO VALE>, pues allí lo que funciona es el <ORDEN JURÍDICO COLOMBIANO> y no <EL CONCORDATO O EL DERECHO CANÓNICO O LA REGLA DE SAN FRANCISCO O LA REGLA DE SANTA CLARA  O CUALQUIER OTRA —NORMA― POR EL ESTILO>. 
Por eso, y a raíz —de los recientes disturbios ocurridos en la Universidad Pedagógica Nacional (mayo de 2008)―  fue el Señor Presidente de la República quien autorizó que la —Fuerza Pública― podía entrar a la universidad  —por que así lo ordena la constitución, con arreglo a los mandatos de los artículos 67 y 189 numerales 21, 22, 26 y con fundamento en el artículo 31 de la Ley 30 de 1992 y sus Decretos Reglamentarios, normas que desarrollaron el artículo 69 superior―  y por que dentro de <ella> opera —obviamente, el artículo 425, del Código Penal―  que es el precepto delictivo que —violaron directamente― el padre provincial FRANCISCO LEONARDO GÓMEZ VERGEZ y las personas que le colaboraron en la ilegal intervención. La Universidad es todo  —menos una República Independiente―  ella debe ser respetuosa de la Constitución y de las leyes (artículo 4 superior).
No tenían atribuciones JURISDICCIONALES, ni COMPETENCIA para adelantar <INVESTIGACIONES SECRETAS>y mucho menos para <JUZGAR>  cuando de manera expresa se sabe <que para el caso que nos ocupa> esa función la tiene por mandato Constitucional y Legal el HONORABLE Señor Presidente de la República, Dr. ALVARO URIBE VÉLEZ, quien delega en el MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL (JUEZ NATURAL), quien a su vez nombra <unINVESTIGADOR> que por intermedio del ICFES, debe venir, abrir la investigación, y proceder conforme lo indican losARTÍCULOS 48, 49, 50, 51 Y 52 DE LA LEY 30 DE 1992, y sus DECRETOS REGLAMENTARIOS, y finalmente presentar al MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL <por intermedio del ICFES>, el resultado de su <PESQUISA>. 
 
LÓGICO QUE DEBE SER ASÍ, PARA QUE HAYA IMPARCIALIDAD, GARANTÍAS, Y SE OBSERVE EL DEBIDO PROCESO, UNA JUSTA DEFENSA Y LA IGUALDAD DE LAS PARTES.    Por que nadie, solo DIOS, puede ser JUEZ Y PARTE, al mismo tiempo  y mucho menos cuando el TRIBUNAL O JUEZ DE HECHO «JUEZ O TRIBUNAL DE FACTO» no está investido para eso por el ORDENAMIENTO JURÍDICO. (IMPERIO DE LA LEY, ARTÍCULO 230 SUPERIOR) <Sana Crítica>. 
Tampoco, tenían atribuciones para poner los INTERESES PATRIMONIALES de la «FUNDACIÓN» UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, Seccional de Cali  <que siempre los he defendido e incrementado con creces>  por encima de los DERECHOS HUMANOS de sus DEPENDIENTES, EMPLEADOS Y TRABAJADORES —LA SUPUESTA DEFENSA― del patrimonio adelantada <no justificaba> por ningún motivo lo  que hicieron dentro del <ALMA MÁTER>, que fue <un hecho “bochornoso”>, según la calificación que de el mismo hizo su propio <RECTOR GENERAL>, Padre <HERNÁN ELÍAS PEÑA QUIJANO>, en su famosa carta de renuncia, y al mismo tiempo totalmente inconstitucional, ilegal e injusto, así se los hará saber a su debido tiempo la ―JUSTICIA DE COLOMBIA—  para que semejante atropello no se vuelva a cometer jamás en la UNIVERSIDAD COLOMBIANA, y menos en la «FUNDACIÓN» UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, Seccional de Cali, a quien el provincial, padre FRANCISCO LEONARDO GÓMEZ VERGEZ de la ORDEN FRANCISCANA DE LA SANTA FE DE COLOMBIA y a su vez Presidente del Consejo Máximo de la Universidad debe <APRENDER A RESPETAR>, a no inmiscuirse en sus asuntos internos, a no afectar su destino, el cual es diametralmente distinto al  de la <ORDEN FRANCISCANA>, que él dirige y hacer a un lado su <VOLUNTARISMO FRANCISCANO> en todos aquellos casos en que él, como representante de la <ORDEN  FRANCISCANA> deba acatar y someterse a la CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES DE COLOMBIA, como fue <LO QUE NO HIZO> en el OFENSIVO, TEMERARIO Y LAMENTABLE caso de FRANCISCO JAVIER VELASCO VÉLEZ Y SUS HIJOS SIMÓN VELASCO GONZÁLEZ Y FRANCISCO VELASCO GONZÁLEZ. 
omnes praeceptio nostra constringat, ut nullus in sua causa judex sit, quia, sicut testimonium unusquis que pro se dicere non potest, ita nec pro se poterit judicare – este precepto establece que nadie sea juez en asunto propio, porque así como nadie puede rendir testimonio en causa propia, así tampoco puede juzgarse así mismo”. 
Sin otro particular me despido de usted.
Cordialmente.
FRANCISCO JAVIER VELASCO VÉLEZ.
PROCESO LABORAL CONTRA LA USB DE CALI
P. D. El exalumno, profesor y empleado más antiguo de la USB de Cali y a la vez mártir de esta injusta revolución

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2 Respuestas a “UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA – CARTA # 1 AL MINISTRO GENERAL JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO

  1. HONORABLE MAGISTRADA PONENTE DRA ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN SALA DE CASACIÓN LABORAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DRA DINORA CECILIA DURAN NORIEGA SECRETARIA HONORABLE SALA DE CASACIÓN LABORAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CORTE CONSTITUCIONAL, CONSEJO DE ESTADO, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DRA MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ CARRIAZO SECRETARIA HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO DE CALI, DR WILLIAM ROLDÁN MORÁN SECRETARIO JUZGADO QUINTO LABORAL ADJUNTO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI, UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SECCIONAL DE CALI, USB CALI, ORDO FRATRUM MINORUM, JOSE RODRIGUEZ CARBALLO

  2. RAMÓN ALEJANDRO VARGAS SIERRA, LUIS HERNÁNDO ACEVEDO QUIROZ, FERNANDO GARZÓN RAMIREZ, FRANCISCO LEONARDO GÓMEZ VERGEZ, MARIO WILSON RAMOS NOVOA, ÁLVARO CEPEDA VAN HOUTEN, LUIS ALBERTO TORO VALENCIA, JOSÉ ARTURO ROJAS MARTINEZ, LUIS ÁNGEL ESTRADA ALZATE, NELSON ANTONIO PEREZ CANO, ALBERTO MONTEALEGRE GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL BUILES URIBE, PABLO CASTILLO NOVA, MARTHA LUCIA DAZA RENGIFO, JOSÉ HERNANDO MORENO PATIÑO, INGENIO LA CABAÑA, DELIO ANTONIO MERINO ESCOBAR, DIEGO FERNANDO VICTORIA ZULUAGA

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