HONORABLE SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA – contradictio in terminis_10

ABOGADOS FRANCISCO VELASCO Y PAULA GONZÁLEZ 003

ABOGADOS FRANCISCO VELASCO Y PAULA GONZÁLEZ

ABOGADO FRANCISCO JAVIER VELASCO VÉLEZ

ABOGADO FRANCISCO JAVIER VELASCO VÉLEZ

VLUU L200 / Samsung L200

La excepción de compensación de los pagares con sus intereses de mora propuesta por la Universidad de San Buenaventura parte demandada, fue declarada NO PROBADA por el despacho judicial. Guardo silencio dentro del ordinario laboral sobre ellos. Intento cobrarlos por senda separada en la jurisdicción civil. UN ERROR MÁS DE SUS ABOGADOS. Al no compensarlos el 11 de enero de 2005, es decir, al momento del despido inconstitucional, ilegal e injusto de su empleado, violó el artículo 1715 del Código Civil.

EXP.76001-31-05-005-2005-00185-01  RADICACIÓN  50379 ACTA 08 / 2011-03-15

Ord. Francisco Javier Velasco Vélez contra

Universidad San Buenaventura

• Primeramente el texto acepta, reconoce, que al CENSOR la Universidad de San Buenaventura de Cali le violó el DEBIDO PROCESO, al admitir que “………..EL DESPIDO NO SE AJUSTÓ A LOS LINEAMIENTOS CONSTITUCIONALES Y POR ENDE VIOLATORIOS DE LOS PRECEPTOS LEGALES…………”.

• Sin embargo, inmediatamente dice todo lo contrario, pues pasa a justificar la actitud de la Universidad de San Buenaventura de Cali y dice “…………LO QUE DE SUYO NO HACE INEFICAZ, NULO O INEXISTENTE EL DESPIDO O MEJOR LA CONSECUENCIA DEL OBRAR DE LA ENTIDAD, EN TANTO LA DESVINCULACIÓN FUE UN HECHO………….” Es decir, no importa la manera, la forma, solo interesa si se dio el HECHO a secas, sin preguntarse, si se hizo conforme con el orden jurídico o por fuera y por encima de él. Es claro que de acuerdo con la prueba que obra en los autos, el intento de despido se dio por la fuerza, esto es, sin la observancia del procedimiento señalado en la ley ordinaria de la educación superior (LEY 30 DE 1992 CON SUS LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES COMPLEMENTARIAS), Y DEMÁS NORMAS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y PRECEDENTES CITADOS de manera reiterativa en esta de demanda, que debieron ser respetadas y observadas por la Universidad de San Buenaventura, Seccional de Cali, antes de intentar despedir a FRANCISCO JAVIER VELASCO VÉLEZ su DIRECTOR ADMINISTRATIVO GENERAL, de manera física y formal, requisito sine qua non, necesario, de cuyo cumplimiento depende que el despido se pueda entrar a considerar hecho en legal y debida forma. Por eso mal puede, la sentencia del ad quem conceder consecuencias jurídicas a una VÍA DE HECHO. Lo que hace al despido ineficaz y a la carta invalida, nula de pleno derecho, por mandato y voluntad del pueblo de Colombia (artículo 29, parte final de la norma de normas).

• El ERROR GARRAFAL del honorable tribunal ad quem, consistió en que PARTIÓ DEL SUPUESTO FALSO de que la CARTA DE DESPIDO era legal, legitima (ver folio 784, párrafo segundo), lo que es un contrasentido —pues las cosas son o no son― esa es la cuestión, es decir, no puede ser legal para unas cosas e ilegal para otras al mismo tiempo. Que es la conclusión que surge de lo afirmado en dicho folio (ver folio 784, párrafo segundo).

Obviamente, eso no es, PORQUE LA ILEGAL E INJUSTA CARTA DE DESPIDO ES UN ACTO JURÍDICO CONTRARIO A DERECHO, ES DECIR, INVALIDO DE PRINCIPIO A FIN, así lo considera el artículo 29, inciso final de la NORMA FUNDAMENTAL. Así las cosas, la ilegal e injusta CARTA DE DESPIDO no puede ser considerada como MEDIO DE PRUEBA DE NADA, y mucho menos como el DOCUMENTO LEGAL que puso fin a la RELACIÓN JURÍDICO LABORAL, ésta si completamente VÁLIDA. No podemos PONER FIN A UNA COSA VÁLIDA CON UNA COSA INVÁLIDA, por que sería totalmente injusto hacerlo, y riñe con los más elementales principios de la lógica y de la hermenéutica jurídica.

• En seguida dice que el retiro se consumó con la entrega de la CARTA DE DESPIDO “…..LA DESVINCULACIÓN FUE UN HECHO Y POR ENDE SE CONSUMÓ CON LA COMUNICACIÓN ENTREGADA AL DEMANDANTE…………”. Es decir, el despido no observo lo dispuesto por la ley, pero como la desvinculación física fue un hecho, el despido lo considera existente, válido, eficaz.

Que tal esta lógica, que sólo mira al hecho desnudo, pero no examina la naturaleza jurídica del mismo, esto es, no observa si el hecho es lícito o ilícito, simplemente reconoce que el hecho del despido se dio, sin preguntarse, si el mismo fue conforme con la ley o si el obrar de la entidad se ajusto al derecho. La sentencia claramente acepta que la VÍA DE HECHO de la entidad basta, para que los jueces le den consecuencia jurídica a la CARTA DE DESPIDO. Eso no puede ser, por que si aceptamos que ello es así, entonces estamos reconociendo efectos jurídicos favorables a las VÍAS DE HECHO de los infractores, es decir, al CAOS, al DESORDEN, a la INDISCIPLINA JURÍDICA, según eso, da lo mismo despedir mal que despedir bien, lo que es un contrasentido.

Según eso, da lo mismo despedir a un DIRECTOR ADMINISTRATIVO GENERAL sin observar el procedimiento señalado en la ley 30 de 1992, artículos 6, 48, 49, 50, 51, 52 (Ordinaria de la Educación Superior Colombiana); Ley 190 de 1995, artículo 46; Decreto 698 de 1993; Decreto 1176 de 1999 y RESTO DE NORMAS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y PRECEDENTES CITADOS; que despedirlo, observando dicho CUERPO DE NORMAS. Si ello es así, pregunto yo ¿Para que el orden jurídico? ¿Para que todo ese conjunto de normas? Si ello es así, entonces ellas sobran. Es decir, ―DA LO MISMO DESPEDIR MAL QUE DESPEDIR BIEN— ya que lo que vale es la desobediencia normativa, el caos jurídico, el imperio de la vía de hecho, cosa que no puede ser por obvias razones morales, éticas, políticas, económicas, que tienen necesariamente relación con el orden, la equidad, la paz social y la justicia que debe reinar dentro un verdadero estado social de derecho. Que es respetuoso de sus normas y de sus derechos, y que no permite que ningún asociado, sea quien sea, se las pase por la faja, o como se dice, por la galleta, como ocurrió lamentablemente en este caso. La ORDEN FRANCISCANA DE LOS HERMANOS MENORES DE LA PROVINCIA DE LA SANTA FE DE COLOMBIA no podía adelantar dentro de la UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA, SECCIONAL DE CALI, ninguna INVESTIGACIÓN SECRETA (hecha bajo el sigilo extremo) como verdaderamente ocurrió, ni tampoco PÚBLICA, porque está, sólo la puede adelantar la institución Y NO UN TERCERO, COMO REALMENTE SE DIÓ, en presencia de la persona que para estos menesteres envía el Ministerio de Educación Nacional, para supervisar y velar que se observe el debido proceso y se respeten los derechos y las garantías constitucionales de los presuntos acusados, al obrar la ORDEN FRANCISCANA DE LOS HERMANOS MENORES (UN TERCERO) como lo hizo, terminó HACIENDO DE JUEZ Y PARTE, pero además usurpando las funciones de intervención del señor Presidente de la República, conducta que está totalmente prohibida por el Código Penal (artículo 425) y por el precedente jurisprudencial de vieja data de las altas cortes. CORTE CONSTITUCIONAL., Sentencia T-301 de julio 10 de 1996, M. P. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, en donde específicamente se refiere al hecho de la necesidad adelantar una INVESTIGACIÓN PREVIA SUMARIA, cuando de INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR se trata. Viene como anillo al dedo. Principio de igualdad.

La UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA DE CALI, no cumplió con los presupuestos indispensables para legitimarse validamente, y conseguir que el ACTO JURÍDICO así creado, es decir, revestido de los actos previos señalados en la ley, pueda producir los EFECTOS JURÍDICOS esperados, o sea, poner fin al CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO celebrado el 17 de septiembre de 1990, con FRANCISCO JAVIER VELASCO VÉLEZ, su DIRECTOR ADMINISTRATIVO GENERAL.

Sin embargo, hemos visto claramente ya, que ello no se hizo, es decir, la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA DE CALI, se saltó, paso por alto, omitió, el procedimiento expresamente señalado en la ley 30 de 1992, artículos 6, 48, 49, 50 ,51 ,52 (Ordinaria de la Educación Superior Colombiana); Ley 190 de 1995, artículo 46; Decreto 698 de 1993; Decreto 1176 de 1999; Y DEMÁS NORMAS DEL ORDEN JURÍDICO CITADAS, INCLUIDO EL PRECEDENTE DE VIEJA DATA DE LAS ALTAS CORTES, QUE SI BIEN NO OBLIGA, SE DEBE TENER EN CUENTA COMO CRITERIO AUXILIAR, PARA NO AFECTAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, SIN OLVIDAR QUE TRES DECISIONES CONSECUTIVAS SUYAS, SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, CONSTITUYEN DOCTRINA PROBABLE.

En otras palabras, la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, SECCIONAL DE CALI, le violó de manera flagrante, grosera y temeraria el DEBIDO PROCESO al CENSOR, antes de proceder a ELABORAR Y ENTREGAR FÍSICAMENTE a él, la CARTA DE DESPIDO y antes de proceder a su RETIRO FÍSICO de la institución.

Procedimiento, que al ser él de carácter ADJETIVO, INSTRUMENTAL, es norma de ORDEN PÚBLICO, o sea, de obligatorio cumplimiento, por lo tanto, la parte que lo debe observar, no puede, por ningún motivo liberarse de esa carga, so pena, de que todo lo que haga sin el lleno de estas formalidades, ESTA VICIADO DE NULIDAD, por falta de los requisitos que de cumplirlos la legitimarían, condiciones sine qua non, sin las cuales, el acto no produce los efectos jurídicos esperados, es decir, no logra poner fin al CONTRATO DE TRABAJO, no consigue la terminación del mismo, como si lo hace, sin embargo, la sentencia del Honorable Tribunal ad quem, que confirmó en todas sus partes la sentencia del a quo.

Por esta razón la sentencia del ad quem, APRECIA INDEBIDAMENTE LA PRUEBA, por que la da por legal, válida, lícita, sin serlo, pues ella, la CARTA DE DESPIDO es el producto, el efecto, la consecuencia, de haber violado la DEMANDADA previamente a su elaboración y entrega, el DEBIDO PROCESO al CENSOR. Es decir, el fallo esta fundado en una VÍA DE HECHO, esto es, en la ilegal e injusta CARTA DE DESPIDO. Luego el fallo, es él mismo una VÍA DE HECHO, pues el ad quem al fundarlo sobre un HECHO ILÍCITO, se coloca por fuera y sobre el derecho, en los extramuros del derecho, lo que hace a su sentencia injusta, contraria a derecho, es decir, totalmente ilegal.

HONORABLE MAGISTRADA PONENTE DRA ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN SALA DE CASACIÓN LABORAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DRA DINORA CECILIA DURAN NORIEGA SECRETARIA HONORABLE SALA DE CASACIÓN LABORAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CORTE CONSTITUCIONAL, CONSEJO DE ESTADO, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DRA MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ CARRIAZO SECRETARIA HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO DE CALI, DR WILLIAM ROLDÁN MORÁN SECRETARIO JUZGADO QUINTO LABORAL ADJUNTO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI, UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SECCIONAL DE CALI, USB CALI, ORDO FRATRUM MINORUM, JOSE RODRIGUEZ CARBALLO

honorable magistrada ponente dra elsy del pilar cuello calderón sala de casación laboral corte suprema de justicia, dra dinora cecilia duran noriega secretaria honorable sala de casación laboral corte suprema de justicia, corte constitucional, consejo de estado, consejo superior de la judicatura, dra maria del carmen hernandez carriazo secretaria honorable tribunal superior del distrito judicial de santiago de cali, dr william roldán morán secretario juzgado quinto laboral adjunto de descongestión del circuito de santiago de cali, universidad de san buenaventura seccional de cali, usb cali, ordo fratrum minorum, jose rodriguez carballo

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2 Respuestas a “HONORABLE SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA – contradictio in terminis_10

  1. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO DE CALI. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. CORTE CONSTITUCIONAL. CONSEJO DE ESTADO. MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ. ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN. DINORA CECILIA DURAN NORIEGA. MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ CARRIAZO. WIILIAM ROLDÁN MORÁN. UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA. USB CALI. ORDO FRATRUM MINORUM. JOSÉ RODRIGUEZ CARBALLO. LA NULIDAD DE LA CARTA FUE SOLICITADA DE MANERA EXPRESA EN EL ALEGATO DE CONCLUSIÓN, PETICIÓN QUE OBRA A FOLIO 410 DEL CUADERNO # 7.

  2. La nulidad de la espúrea CARTA DE DESPIDO se solicitó expresamente a folio 410 del cuaderno # 7, mejor conocido como ALEGATO DE CONCLUSIÓN del demandante, ya que la universidad de San Buenaventura, parte demandada, no presentó alegación alguna. Sin embargo el honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, no lo quiso hacer.

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