FISCALIA PRECLUYÓ INVESTIGACIÓN CONTRA SEIS (6) ALTOS DIRECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, SECCIONAL CALI

Resuelven situación de exrector

y 5 empleados de la

San Buenaventura

Seis años después de que el entonces rector de la universidad San Buenaventura de Cali, padre Luis Javier Uribe, y cinco empleados más fueran sindicados de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, la Fiscalía precluyó la investigación contra estas personas.

Por: Elpais.com.co I RedacciónMiércoles, Mayo 18, 2011

El proceso

Enero 13 del 2005. Se abrió la investigación contra estas seis personas por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, fraude procesal, falsedad en documento público, hurto agravado y concierto para delinquir.

Enero 30 del 2005. El fiscal les dictó medida de aseguramiento al padre Luis Javier Uribe, a Rodrigo Vera y a Rodrigo Estupiñán.

Septiembre del 2005. El padre Uribe fue puesto en libertad por vencimiento de términos.

Septiembre del 2010. Se profirió decisión de cierre.

Uno de los abogados de los detenidos es Hernán Darío Escobar, quien fue víctima de un atentado la semana pasada. Aunque el ataque no tiene relación con este caso.

Archivo/ Pais

Seis años después de que el entonces rector de la universidad San Buenaventura de Cali, padre Luis Javier Uribe, y cinco empleados más fueran detenidos, sindicados de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, fraude procesal, falsedad en documento público, hurto agravado y concierto para delinquir, la Fiscalía precluyó la investigación contra estas personas.

“Quedo establecido que no se configuran los delitos imputados a los procesados”, señaló la Fiscal 17 de la Unidad Nacional para la Extinciónde Dominio y Lavado de Activos en su decisión.

La decisión cobijó también a Jorge Luis Haddad Franco, para la época director financiero de la universidad; Leonardo Manrique Gómez, tesorero; Alfredo Panesso Tascón, director de sistemas; Rodrigo Vera Aragón, contador, y Rodrigo Estupiñán Gaitán, revisor fiscal.

Tras esta resolución, la Fiscalía canceló las medidas de aseguramiento que habían dictado contra los procesados. El procurador del caso también había solicitado que se precluyera la investigación contra los sindicados.

Estas personas habían sido denunciadas por irregularidades en unas donaciones entregadas a la San Buenaventura. La Fiscalía, en un primer momento, señaló que los procesados se habían favorecido de la venta de esas donaciones.

Durante el proceso, el DAS presentó un informe en el que indicó que “gran parte de los bienes donados fueron transferidos a terceros por un valor diferente al establecido en el momento de la donación”. Entre las irregularidades estaba un supuesto robo de $17.250.000, que era la diferencia entre el costo recibido de las donaciones y su valor de venta. Sin embargo, se demostró que no hubo tal ilícito, ya que los bienes fueron vendidos en su real valor comercial.

Asimismo, un análisis realizado por una firma experta reveló que no se presentaron irregularidades con las donaciones y los ingresos del alma mater.

“En ningún momento dentro de la investigación se demostró que los bienes donados fueron vendidos por un precio superior al reportado a la universidad por los bancos y que ese excedente haya ido a parar al patrimonio de los implicados”, señaló la fiscal en la calificación del proceso.

Otro de los cuestionamientos estaba relacionado con la compra de un software Iceberg, un sistema integrado de información contable, financiera y gerencial. Los denunciantes dijeron que los directivos procesados habían recibido algún tipo de dádiva para adquirir ese servicio. Estos señalamientos fueron descartados por la Fiscalía.

De la misma forma, se había indicado que algunas de las donaciones habían sido realizadas por empresas que estaban en la llamada Lista Clinton.

Además, las investigaciones durante el proceso indicaron que las donaciones no tuvieron su origen en fuentes ilícitas.

 

Justicia declara inocente a Luis Javier Uribe, exrector de la U. de San Buenaventura en Cali, y se conocen conductas inapropiadas de la comunidad Franciscana

Junio 13/11 El miércoles 19 de enero del 2005 el padre Luis Javier Uribe Muñoz, rector de la Universidad de San Buenaventura, USB, en Cali, en ese momento, tomó la decisión de entregarse a la justicia en la Tercera Brigada en Cali. Una semana antes, la Fiscalía había ordenado su captura, junto con la de otros cinco altos funcionarios del alma máter, a quienes acusaba de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concierto para delinquir, fraude procesal, hurto agravado y falsedad.

Seis años después, la Fiscalía los ha declarado inocentes, por falsas acusaciones surgidas al interior de la misma Universidad.

El siguiente es el informe del diario El País

La denuncia en su contra fue puesta por el entonces provincial de la comunidad Franciscana en Colombia, padre Francisco Leonardo Gómez Vergez. “Tengo la corazonada de que la universidad ha sido utilizada para cosas ilícitas como el lavado de activos”, fue el testimonio que entregó Gómez Vergez a la Fiscalía.

Esta acusación estuvo vigente durante siete años, tres meses y doce días, hasta el 2 de mayo pasado cuando la Fiscal 17 Especializada de la Unidad de Lavado de Activos, declaró la terminación del proceso penal a favor de los seis encartados pues “no hubo pruebas documentales ni testimoniales que sustentaran los cargos”.

Acusaciones sin piso

Lo primero que quedó al descubierto con el archivo del caso es que de los seis delitos que se le endilgaron al padre Uribe, solo le fueron imputados dos: hurto agravado y concierto para delinquir. Los cargos que suponían una relación con el narcotráfico, el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito, fueron desestimados por la Fiscalía incluso desde la primera instancia.

El centro de los señalamientos fueron entonces unas supuestas anomalías en la administración de donaciones hechas a la USB entre 1996 y 2004 por parte de entidades como el banco de Occidente, Colpatria, Ganadero, Davivienda, Corfivalle, Leasing Internacional y Amalfi S.A.

La campaña para captar bienes de las entidades financieras, como lo explicó a la Fiscalía Jorge Luis Haddad, director financiero de la USB en la época de los hechos, “fue una política institucional para aprovechar los incentivos tributarios que el Gobierno otorga a quienes donen a universidades privadas. En principio el beneficio para el donante era del 105% del valor en libros de la donación, ese porcentaje fue bajando con el tiempo, pero la política estatal se mantuvo. En 1997 la USB se inscribió en el programa, ese año el volumen de donaciones fue enorme ya que las entidades vieron una posibilidad rentable para salir de los bienes recibidos en pago durante le crisis de la construcción”.

La inclusión de la USB en el programa de donaciones responde a la intención de diversificar las fuentes de financiación para disminuir la dependencia de los ingresos por matrículas, modelo tomado de las universidades estadounidenses.

En total, la USB recibió en ocho años 698 bienes cuyo valor en libros era de $47.000 millones. En el mismo lapso vendió, según dijo la Fiscalía en primera instancia, el 16% de esos bienes por un valor superior a los $29.000 millones. La diferencia entre el valor reportado cuando se recibieron los bienes y el valor real de las ventas, unos $18.000 millones, fue lo que sirvió de pretexto para la acusación.

Sin embargo, esa hipótesis fue desestimada por la fiscal 17 Especializada Ángela Gutiérrez, en el proceso de segunda instancia, donde tumbó los cargos de hurto agravado y concierto para delinquir.

La razón principal es que tras un análisis financiero que le hizo el DAS al patrimonio de cada uno de los acusados, se concluyó que ninguno tenía incrementos no justificados y que el movimiento de sus finanzas guardaba relación con los ingresos declarados y probados.

Sobre la diferencia entre el valor de los bienes donados frente al valor real obtenido por la venta del 16% de los inmuebles, la Fiscal dio validez a la explicación de los implicados, especialmente del director financiero Haddad. “La venta en un precio inferior es un hecho indiscutible y no tiene trascendencia penal dada las especiales circunstancias en que eran recibidas las donaciones”, señala la Fiscal y agrega que “esa realidad jamás se ocultó a los directivos de la universidad ni a los miembros de la comunidad, lo que ocurre es que hay equivocación e indebida interpretación cuando se equiparan los dos valores, el precio del banco que es mayor porque contiene no sólo el valor del bien sino los intereses y otros valores que por ley son permitidos cargar para los libros contables del sector financiero y el valor comercial por el cual se negociaron por parte de la USB”.

Hay que tener en cuenta que ese mayor valor con que se entregan las donaciones, determinaba la deducción tributaria para los bancos y corporaciones, sin esa ‘gabela’, explica la Fiscal, no se habrían dado las donaciones, sino que las entidades financieras hubieran salido, ellas mismas, a vender sus propiedades.

Lo que dice la fiscal en su alegato final es que el padre Uribe y su círculo directivo, “no se robaron un solo peso ni se concertaron para cometer ningún delito”. ¿De dónde salió entonces esa acusación que acabó de un plumazo con el buen nombre del padre y sus cinco subalternos? Eso también lo aclara la Fiscal.

La razón del mal

De acuerdo con el testimonio de fray Luis Romero Gaona, lo que motivó la denuncia del Provincial Gómez Vergez fue el disgusto que tuvo con el padre Uribe al pedirle que incrementara los traslados de dinero que hacía la USB a la comunidad Franciscana, aprovechando el éxito de la campaña de donaciones. El padre adujo que no podía atender su petición “porque de acuerdo con la ley 223 de 1995 (estimulo tributario para donantes), el dinero debía usarse sólo para la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología”.

En las versiones de los testigos del proceso quedó consignado que ante la divergencia en el manejo de los recursos que se obtenían por la USB, el Provincial decidió contratar una auditoría y remover al padre Uribe de la rectoría, en septiembre 15 de 2004. La revisión hecha por la firma Restrepo y Londoño, arrojó que algunos procesos administrativos y financieros en la USB no se estaban llevando de forma adecuada.

El paso siguiente de Fray Gómez Vergez fue contratar a la abogada Marta Lucía Daza para que adelantara la investigación por las presuntas anomalías en las cuentas de la universidad. Los honorarios que se pactaron fueron $800 millones, monto cuestionado por la misma comunidad Franciscana.

Según el abogado Jaime Lombana, defensor del padre Uribe, la investigadora “realizó maniobras ilegales y reprochables con la anuencia del Provincial de los Franciscanos”, algo que corrobora fray Peña Quijano, quien sucedió en la rectoría al padre: “No me dejaba pronunciar públicamente, me indicó que debía despedir a unas personas pero que el motivo no se les podía decir porque estaba bajo reserva del sumario, hasta que me vi en la imperiosa necesidad de renunciar”.

El País intentó comunicarse con el vocero de la comunidad Francisca o de la universidad San Buenaventura pero debido al fallecimiento intempestivo del Provincial en Colombia, fray Fernando Garzón Ramírez, fue imposible obtener una declaración para este artículo.

Sin embargo, ambas instituciones renunciaron a sus pretensiones e incluso el 13 de diciembre de 2009 publicaron un escueto comunicado en el cual lamentaban “cualquier daño que eventualmente se haya podido causar” al padre Uribe, los cinco directivos y sus familias. Allí aclaran que la investigación tuvo su origen en la decisión adoptada por personas que en la actualidad no ejercen la dirección de la Comunidad Franciscana, motivada por “un análisis jurídico superficial, presuntamente proveniente de sus asesores”.

El fraile Hernán Elías peña Quijano, quien sucedió al padre Uribe en la rectoría de la USB, renunció cuatro meses después por su desacuerdo con el millonario contrato que se hizo con la abogada Martha Lucía Daza. “Me convertí en una piedra en el zapato”, dijo al justificar su dimisión. Por no compartir la forma como se adelantan las investigaciones internas y por percibir que se ha iniciado una campaña de desprestigio en su contra.El país no pudo establecer hasta el cierre de esta edición, si por los señalamientos que se le hacen a la abogada Daza de “maniobras ilegales durante el caso” es cierto que fue sancionada con la perdida de su acreditación.

Lo que dicen del padre Uribe

“No fui su alumno pero desde lejos soy testigo de la encomiable labor en la recuperación de la Universidad a cuyas manos llegó en un estado muy precario”. Luís Ernesto Mejía, Ex ministro de Minas.

– “Fue parte integral en la formación de miles de caleños que desarrollan una carrera profesional exitosa con principios éticos y sociales fundamentales para la sociedad”. MaríaSol Navia, Ex ministra de trabajo.

“Celebramos que al Padre Uribe se le haya hecho justicia. La sociedad entera debe solidarizarse para reparar en lo que sea posible la lesión inmensa que se le infirió”. Julián Domínguez, Presidente de Confecámaras.

“Es hombre excepcional que nos enseñó a pensar en grande en las causas en las cuales la vida nos pide compromiso”. Álvaro Cobo Soto, Presidente Asocajas.

¿Quién es el Padre Uribe?

– El padre Luis Javier Uribe tiene 82 años y es Franciscano desde que cumplió 16.
– Estudió Teología en Petrópolis, Brasil; Filosofía en la San Buenaventura de Bogotá y es Mayor de la reserva del Ejército Nacional.

Sus cargos:

– Rector del colegio Pio XII, Virrey Solís, San Luis Rey, Cofundador y luego rector de la San Buenaventura, Capellán de la Casa de Nariño y Presidente del Pontificio Ateneo Antoniano de Roma.

 

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2 Respuestas a “FISCALIA PRECLUYÓ INVESTIGACIÓN CONTRA SEIS (6) ALTOS DIRECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, SECCIONAL CALI

  1. RAMÓN ALEJANDRO VARGAS SIERRA, LUIS HERNÁNDO ACEVEDO QUIROZ, FERNANDO GARZÓN RAMIREZ, FRANCISCO LEONARDO GÓMEZ VERGEZ, MARIO WILSON RAMOS NOVOA, ÁLVARO CEPEDA VAN HOUTEN, LUIS ALBERTO TORO VALENCIA, JOSÉ ARTURO ROJAS MARTINEZ, LUIS ÁNGEL ESTRADA ALZATE, NELSON ANTONIO PEREZ CANO, ALBERTO MONTEALEGRE GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL BUILES URIBE, PABLO CASTILLO NOVA, MARTHA LUCIA DAZA RENGIFO, JOSÉ HERNANDO MORENO PATIÑO, INGENIO LA CABAÑA, DELIO ANTONIO MERINO ESCOBAR, DIEGO FERNANDO VICTORIA ZULUAGA

  2. DRA MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ SECRETARIA GENERAL HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA HONORABLE MAGISTRADA PONENTE DRA ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN SALA DE CASACIÓN LABORAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DRA DINORA CECILIA DURAN NORIEGA SECRETARIA HONORABLE SALA DE CASACIÓN LABORAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CORTE CONSTITUCIONAL, CONSEJO DE ESTADO, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DRA MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ CARRIAZO SECRETARIA HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO DE CALI, DR WILLIAM ROLDÁN MORÁN SECRETARIO JUZGADO QUINTO LABORAL ADJUNTO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI, UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SECCIONAL DE CALI, USB CALI, ORDO FRATRUM MINORUM, JOSE RODRIGUEZ CARBALLO

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